Política para la Explotación de Datos:una iniciativa construida en conjunto con el Consejo Asesor Nacional de Estadística –CANE
El 17 de abril de 2018, se aprobó el documento CONPES 3920 que define la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) en el país. En la construcción y mejoramiento de las acciones enmarcadas en esta iniciativa del Departamento Nacional de Planeación, participó el Consejo Asesor Nacional de Estadística –CANE del Sistema Estadístico Nacional.
La revisión y contribución al documento de política se realizó mediante una sesión del CANE, dándole seguimiento a los lineamientos de la estrategia #6 del Plan Estadístico Nacional 2017- 2022: ‘Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la producción estadística’, en búsqueda de la mejora de la producción estadística y los registros administrativos del país.
La implementación de los lineamientos y las 45 prácticas del documento CONPES 3920 representa un gran paso para el país y para el Sistema Estadístico Nacional ya que, además de articular el trabajo y los recursos de 10 entidades públicas, también tiene, entre otros objetivos, mejorar el desarrollo estadístico a través de la generación y fomento del uso de fuentes alternativas de información que innoven en la producción de estadísticas y den cuenta de la importancia del uso de BigData para nuestro país.
Entre los ejes relacionales más importantes de esta nueva política se encuentra la demanda de la cultura de datos, la generación abierta de datos digitales y el aumento de capital humano dedicado a la explotación de datos, para los cuales se ha destinado una inversión de 16.728 millones de pesos. Con esto se espera que al año 2022 los activos de información con los que cuentan las entidades públicas estén digitalizados y publicados en un 100%. Asimismo, esta política busca impulsar el desarrollo de proyectos enfocados a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía a través de datos abiertos.
La expedición del Conpes ha posicionado a Colombia como el primer país en Latinoamérica con una política de este tipo y el octavo a nivel mundial, junto a Inglaterra, Japón, Australia, Francia, entre otros, marcando una ruta para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente a la hora de hablar de información estadística oportuna, fiable y de alta calidad.